John Moreno Rutowski, abogado amparado por el programa de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), cumple dos meses de haber sido encarcelado injustamente en un proceso que presentó numerosas irregularidades en las que participó el personal del gobierno local, por lo que se infiere que el gobernador de la entidad podría estar involucrado.
El 19 de mayo de 2017 dos agentes de la policía local detuvieron a John Moreno utilizando documentación falsa elaborada por las mismas dependencias estatales, las cuales, incluso, fueron desechadas por los mismos jueces, no obstante, Moreno permanece preso en el Cereso de La Paz en Baja California Sur, al igual que su cliente, Joella Faith Corado, una ciudadana mexicana-estadunidense vinculada al caso.
Pruebas realizadas por un perito en criminalística, grafoscopía y dactilolscopía que prueban la falsificación de los documentos.
Ante tales hechos, más de 130 organizaciones civiles de todo el país, incluyendo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), firmaron una carta dirigida al gobernador Mendoza Davis, para exigir la liberación y el respeto a los derechos humanos de John Moreno, sin embargo, la oficina del mandatario rechazó recibir el documento pese a que se buscó la recepción en dos ocasiones y fue apenas el 17 de julio que se recibió de la carta, gracias a la presión legal de una firma de abogados.
Carta signada por más de 130 organizaciones solicitando el respeto a los derechos humanos de John Moreno.
John Moreno lideró un litigio relacionado con el cese de operaciones de un desarrollo inmobiliario de lujo en la costa de Todos Santos, Baja California Sur, impulsado por la compañía Mira Companies, empresa ligada a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, proyecto que es ampliamente apoyado por el gobernador de la entidad, Edgar Mendoza Davis.
Debido a su activismo y ejercicio legal en el caso, John Moreno comenzó a recibir diversas amenazas de muerte, por lo que ingresó al programa de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob en 2017.
Actualmente numerosos grupos sociales encabezan una campaña internacional para buscar la liberación de John Moreno y cuestionar las acciones del gobernador Mendoza Davis y otros oficiales en el caso, pues se le acusa de utilizar el aparato de Estado para afectar negativamente a la figura de John Moreno y evitar la cancelación del proyecto inmobiliario del cuñado de Salinas de Gortari, el cual ha causado el desplazamiento con violencia de un grupo de pescadores de la zona y la afectación ambiental del ecosistema.
Lista de derechos humanos violentados en el caso de John Moreno:
Violación al derecho a la libertad.
Violación al derecho de presunción de inocencia.
Violación a los derechos procesales.
Violación a la garantía de seguridad jurídica.
Violación a la garantía de legalidad.
Violación a la garantía del debido proceso.
Violación a la garantía de justicia pronta.
Violación a la garantía de justicia expedita.
Violación a la garantía de certeza jurídica.
Violación a los derechos derivados y consagrados en la convencionalidad internacional.
Violación al derecho y garantía de aviso a la Embajada de Estados Unidos.
Violación a la garantía y garantía y derecho de asistencia consular.
Violación al derecho y garantía de acceso y obtención de las constancias que integran la causa penal.
Violación al derecho y garantía de inmediatez procesal.
Violación al derecho y garantía de un procedimiento abreviado.
El 19 de mayo de 2017 dos agentes de la policía local detuvieron a John Moreno utilizando documentación falsa elaborada por las mismas dependencias estatales, las cuales, incluso, fueron desechadas por los mismos jueces, no obstante, Moreno permanece preso en el Cereso de La Paz en Baja California Sur, al igual que su cliente, Joella Faith Corado, una ciudadana mexicana-estadunidense vinculada al caso.
Pruebas realizadas por un perito en criminalística, grafoscopía y dactilolscopía que prueban la falsificación de los documentos.
Ante tales hechos, más de 130 organizaciones civiles de todo el país, incluyendo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), firmaron una carta dirigida al gobernador Mendoza Davis, para exigir la liberación y el respeto a los derechos humanos de John Moreno, sin embargo, la oficina del mandatario rechazó recibir el documento pese a que se buscó la recepción en dos ocasiones y fue apenas el 17 de julio que se recibió de la carta, gracias a la presión legal de una firma de abogados.
Carta signada por más de 130 organizaciones solicitando el respeto a los derechos humanos de John Moreno.
John Moreno lideró un litigio relacionado con el cese de operaciones de un desarrollo inmobiliario de lujo en la costa de Todos Santos, Baja California Sur, impulsado por la compañía Mira Companies, empresa ligada a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, proyecto que es ampliamente apoyado por el gobernador de la entidad, Edgar Mendoza Davis.
Debido a su activismo y ejercicio legal en el caso, John Moreno comenzó a recibir diversas amenazas de muerte, por lo que ingresó al programa de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob en 2017.
Actualmente numerosos grupos sociales encabezan una campaña internacional para buscar la liberación de John Moreno y cuestionar las acciones del gobernador Mendoza Davis y otros oficiales en el caso, pues se le acusa de utilizar el aparato de Estado para afectar negativamente a la figura de John Moreno y evitar la cancelación del proyecto inmobiliario del cuñado de Salinas de Gortari, el cual ha causado el desplazamiento con violencia de un grupo de pescadores de la zona y la afectación ambiental del ecosistema.
Lista de derechos humanos violentados en el caso de John Moreno:
Violación al derecho a la libertad.
Violación al derecho de presunción de inocencia.
Violación a los derechos procesales.
Violación a la garantía de seguridad jurídica.
Violación a la garantía de legalidad.
Violación a la garantía del debido proceso.
Violación a la garantía de justicia pronta.
Violación a la garantía de justicia expedita.
Violación a la garantía de certeza jurídica.
Violación a los derechos derivados y consagrados en la convencionalidad internacional.
Violación al derecho y garantía de aviso a la Embajada de Estados Unidos.
Violación a la garantía y garantía y derecho de asistencia consular.
Violación al derecho y garantía de acceso y obtención de las constancias que integran la causa penal.
Violación al derecho y garantía de inmediatez procesal.
Violación al derecho y garantía de un procedimiento abreviado.
