En un comunicado, los gobernadores panistas aseguraron que la ley no puede permanecer en la indefinición, ya que con ella se podrá “fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mexicano frente a la delincuencia y el crimen organizado, y encontrar mejores caminos para la paz y la tranquilidad”.
Agregaron que la participación de las fuerzas armadas en el combate contra el crimen es importante, “para estabilizar ciertas regiones del país donde las instituciones se vieron rebasadas”.
“La participación de las fuerzas armadas en auxilio a los gobiernos locales , es un instrumento que permite fortalecer las capacidades institucionales civiles; sin embargo, esta intervención se ha desarrollado sin la certeza de un marco legal”, dice el comunicado.
Los gobernadores dijeron que la ley debe de regular los supuestos de actuación de las fuerzas armadas, proteger los derechos humanos, contrapesos institucionales y un despliegue proporcional a la amenaza que se enfrenta.
El comunicado fue firmado por los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Durango, José Rosas Aispuro; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Baja California, Francisco Arturo Vega; de Guanajuato, Miguel Márquez; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Baja California Sur, Carlos Mendoza; de Puebla, José Antonio Gali; de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y de Querétaro, Francisco Domínguez.
El único gobernador del PAN que no firmó la carta fue el mandatario de Chihuahua, Javier Corral.
