Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de México.
Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador del Estado de BCS
Lic. Armando Martínez Vega, Presidente Municipal de La Paz
Baja California Sur reclama inmediata atención y un mayor interés por parte del gobierno en sus tres niveles en el tema de seguridad pública. De no hacerlo, se advierte iríamos a un movimiento social ante la ineficacia de las estrategias de prevención, procuración y administración de la justicia.
Tal parece que la delincuencia goza de absoluta impunidad en México, y en cada uno de los estados ya que cada día aumentan los delitos con violencia. Lamentablemente la violencia ha pegado, y muy fuerte al gremio periodístico del país. Ahora en nuestro antes pacífico Baja California Sur.
Condena la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos, Asociación Civil (ARSAC) el crimen artero de nuestro compañero Maximino Rodríguez Palacios, su muerte enluta a una familia y al gremio periodístico de Baja California Sur.
Es víctima el periodismo de México una vez más de la violencia. ¿Hasta cuándo Señor Presidente tenemos que soportar muertes y más muertes?, no nada más de periodistas, un segmento social seguramente incómodo para algunos gobiernos y gobernantes cuestionados por corrupción e impunidad.
No solo han fallado las estrategias de combate a la inseguridad, implementadas por el Gobierno Federal, sino que han generado el incremento de la violencia y que ésta se genere en lugares donde previamente no tenía lugar el fenómeno, como es el caso de Baja California Sur.
La poca efectividad que se registra en la erradicación de la inseguridad del país genera un deterioro ascendente de las condiciones de inseguridad en los últimos dos años, después de una mejoría notable en 2011 y 2014, hemos tenido dos años consecutivos de deterioro en los indicadores de Seguridad, particularmente en homicidios violentos.
2016 cerró con poco más de 22 mil víctimas de homicidio, un incremento del 22% con relación a 2015, cifra que representa el mayor incremento porcentual de un año a otro desde 2010.
Inadmisible que las propias autoridades, sean federales, estatales o municipales, responsables de salvaguardar el orden público, se vean rebasadas por la delincuencia organizada, tanto en equipamiento como en trabajos de inteligencia.
Lo que es peor aún: la abierta sospecha social de vínculos o nexos entre elementos de los cuerpos de seguridad y el crimen organizado.
Producto de esa descomposición en instituciones y social, Baja California Sur enfrenta una grave situación de inseguridad, violencia, narcoviolencia, impunidad y corrupción que en consecuencia, trastoca y lesiona el patrimonio social que son nuestros hijos y nuestros bienes materiales, máxime cuando esa violencia se lleva a un ser querido.
Lamentablemente los tres órdenes de gobierno han fallado a la sociedad en su compromiso y responsabilidad ante los ciudadanos, quienes demandan autoridades policiacas confiables y eficientes.
El 30 de julio del 2014, en La Paz, Baja California Sur inició una abierta guerra que a la fecha ha cobrado más de 500 víctimas, entre ellos muchos inocentes. La violencia está imparable y aumentando los delitos de robo a casa habitación, robo de vehículos, asaltos a mano armada, y otros que lesionan la economía de los sudcalifornianos y nos mantiene temerosos hasta de salir por miedo a ser víctimas y morir.
Como gremio periodístico no nos hemos visto ajenos a este cáncer social, porque también somos víctimas de la inseguridad e incapacidad de las autoridades para resolver los problemas que más laceran nuestra estructura social, que es la familia.
¡Basta ya! Levantamos la voz en el más justo reclamo de justicia que anhelamos y merecemos todos los mexicanos y sudcalifornianos. Debe haber un replanteamiento del sistema de justicia y su aplicación.
Por ello nuestra propuesta:
1.-La renuncia del responsable del gabinete de seguridad pública del país.
2.- Relevos en instituciones, corporaciones policiales y fuerzas armadas para frenar compromisos con el crimen organizado.
3.- Reestructurar estrategias de inteligencia de las fuerzas federales y que estas participen directamente en las investigaciones y persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
4.- Fortalecer en forma mucho más importante presencia de elementos militares como de las diversas corporaciones federales para combatir en forma más frontal y se pueda contener la violencia que asola día con día a los Sudcalifornianos, y protección a periodistas, sobre todo a los que cubren la fuente policíaca.
5.- En La Paz, sea nombrado de manera urgente al nuevo director de seguridad y tránsito municipal, puesto acéfalo desde hace casi medio año a fin de que ponga en marcha las acciones preventivas prácticamente inexistentes, mejorando desde el alumbrado público, vigilancia entre otras medidas urgentes.
6.- El punto más importante para el gremio periodístico. Que desaparezca Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que hasta ahora no ha servido para maldita cosa, no ha resuelto ningún crimen contra periodistas desde que se instituyó, solo hace más obesa la burocracia federal. Con el asesinato de nuestro amigo y compañero Max (Maximino) Rodríguez ni siquiera se han preocupado por atender el crimen y menos atender a la víctima del crimen, que es nuestra compañera Raquel Romo Medina. ¡Basta ya Señor Presidente!
Aracely Hernández Flores
PRESIDENTA de la
Asociación de Reporteros Sudcalifornianos, A.C.
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Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador del Estado de BCS
Lic. Armando Martínez Vega, Presidente Municipal de La Paz
Baja California Sur reclama inmediata atención y un mayor interés por parte del gobierno en sus tres niveles en el tema de seguridad pública. De no hacerlo, se advierte iríamos a un movimiento social ante la ineficacia de las estrategias de prevención, procuración y administración de la justicia.
Tal parece que la delincuencia goza de absoluta impunidad en México, y en cada uno de los estados ya que cada día aumentan los delitos con violencia. Lamentablemente la violencia ha pegado, y muy fuerte al gremio periodístico del país. Ahora en nuestro antes pacífico Baja California Sur.
Condena la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos, Asociación Civil (ARSAC) el crimen artero de nuestro compañero Maximino Rodríguez Palacios, su muerte enluta a una familia y al gremio periodístico de Baja California Sur.
Es víctima el periodismo de México una vez más de la violencia. ¿Hasta cuándo Señor Presidente tenemos que soportar muertes y más muertes?, no nada más de periodistas, un segmento social seguramente incómodo para algunos gobiernos y gobernantes cuestionados por corrupción e impunidad.
No solo han fallado las estrategias de combate a la inseguridad, implementadas por el Gobierno Federal, sino que han generado el incremento de la violencia y que ésta se genere en lugares donde previamente no tenía lugar el fenómeno, como es el caso de Baja California Sur.
La poca efectividad que se registra en la erradicación de la inseguridad del país genera un deterioro ascendente de las condiciones de inseguridad en los últimos dos años, después de una mejoría notable en 2011 y 2014, hemos tenido dos años consecutivos de deterioro en los indicadores de Seguridad, particularmente en homicidios violentos.
2016 cerró con poco más de 22 mil víctimas de homicidio, un incremento del 22% con relación a 2015, cifra que representa el mayor incremento porcentual de un año a otro desde 2010.
Inadmisible que las propias autoridades, sean federales, estatales o municipales, responsables de salvaguardar el orden público, se vean rebasadas por la delincuencia organizada, tanto en equipamiento como en trabajos de inteligencia.
Lo que es peor aún: la abierta sospecha social de vínculos o nexos entre elementos de los cuerpos de seguridad y el crimen organizado.
Producto de esa descomposición en instituciones y social, Baja California Sur enfrenta una grave situación de inseguridad, violencia, narcoviolencia, impunidad y corrupción que en consecuencia, trastoca y lesiona el patrimonio social que son nuestros hijos y nuestros bienes materiales, máxime cuando esa violencia se lleva a un ser querido.
Lamentablemente los tres órdenes de gobierno han fallado a la sociedad en su compromiso y responsabilidad ante los ciudadanos, quienes demandan autoridades policiacas confiables y eficientes.
El 30 de julio del 2014, en La Paz, Baja California Sur inició una abierta guerra que a la fecha ha cobrado más de 500 víctimas, entre ellos muchos inocentes. La violencia está imparable y aumentando los delitos de robo a casa habitación, robo de vehículos, asaltos a mano armada, y otros que lesionan la economía de los sudcalifornianos y nos mantiene temerosos hasta de salir por miedo a ser víctimas y morir.
Como gremio periodístico no nos hemos visto ajenos a este cáncer social, porque también somos víctimas de la inseguridad e incapacidad de las autoridades para resolver los problemas que más laceran nuestra estructura social, que es la familia.
¡Basta ya! Levantamos la voz en el más justo reclamo de justicia que anhelamos y merecemos todos los mexicanos y sudcalifornianos. Debe haber un replanteamiento del sistema de justicia y su aplicación.
Por ello nuestra propuesta:
1.-La renuncia del responsable del gabinete de seguridad pública del país.
2.- Relevos en instituciones, corporaciones policiales y fuerzas armadas para frenar compromisos con el crimen organizado.
3.- Reestructurar estrategias de inteligencia de las fuerzas federales y que estas participen directamente en las investigaciones y persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
4.- Fortalecer en forma mucho más importante presencia de elementos militares como de las diversas corporaciones federales para combatir en forma más frontal y se pueda contener la violencia que asola día con día a los Sudcalifornianos, y protección a periodistas, sobre todo a los que cubren la fuente policíaca.
5.- En La Paz, sea nombrado de manera urgente al nuevo director de seguridad y tránsito municipal, puesto acéfalo desde hace casi medio año a fin de que ponga en marcha las acciones preventivas prácticamente inexistentes, mejorando desde el alumbrado público, vigilancia entre otras medidas urgentes.
6.- El punto más importante para el gremio periodístico. Que desaparezca Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que hasta ahora no ha servido para maldita cosa, no ha resuelto ningún crimen contra periodistas desde que se instituyó, solo hace más obesa la burocracia federal. Con el asesinato de nuestro amigo y compañero Max (Maximino) Rodríguez ni siquiera se han preocupado por atender el crimen y menos atender a la víctima del crimen, que es nuestra compañera Raquel Romo Medina. ¡Basta ya Señor Presidente!
Aracely Hernández Flores
PRESIDENTA de la
Asociación de Reporteros Sudcalifornianos, A.C.
ARSAC alza la voz.
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