Las investigaciones federales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos entre dependencias y universidades sigue creciendo. La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación en contra de dos universidades más que, vía convenios con Sagarpa, recibieron más de 30 millones de pesos. El dinero fue adjudicado y transferido de forma irregular a otras personas.
Se trata del mismo esquema de fraude documentado en la investigación periodística denominada “La Estafa Maestra”, donde dependencias federales eluden controles de licitación y transparencia, otorgándole contratos a universidades por servicios que estas no realizan, ya que pagan a terceros en condiciones completamente opacas.
En dicho reportaje se documentaron convenios con ocho universidades en Morelos, Estado de México, Campeche, Morelos y Tabasco.
La nueva investigación que inicia ahora la PGR, promovida por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación presentada el pasado el 31 de octubre pasado, involucra a dos nuevos planteles escolares: la Universidad Juárez del Estado de Durango y Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.
De acuerdo con el informe de resultados de la auditoría número 15-0- 08100-02- 0328, la SAGARPA firmó en 2015 varios convenios con dichas universidades como parte de su proceso de adquisición de bienes, materiales y servicios. Tras la revisión de estos se descubrieron las irregularidades.
Los nuevos fraudes
En 2015, la Sagarpa firmó con la Universidad Juárez del Estado de Durango el convenio DGRMIS147/15, con el objetivo de que esta ejecutara un servicio de supervisión de distintos componentes del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El contrato correspondiente se firmó – como es común en los casos de la Estafa Maestra – aprovechando una excepción legal marcada en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que si un servicio se asigna a una instancia pública esta queda excluida de un proceso de licitación.
Sin embargo ese mismo párrafo estipula que la instancia pública a la que se asignen los recursos (en este caso las Universidades) está obligada entregar por su cuenta la parte sustantiva del servicio, y no contratar a terceros. Esto es lo que aquí no ocurrió.
Los auditores encontraron que Sagarpa nunca exigió a la Universidad Juárez del Estado de Durango que comprobara que tenía la capacidad para ejecutar, por lo menos, el 51% de estipulado en el contrato. Lo único que le pidió fue un simple escrito donde dijera que ejecutaría por su cuenta el servicio.
Lo que sucedió luego fue una artera violación a la ley. La Universidad delegó la realización de los servicios a 24 personas físicas en total, ninguna de las cuales pertenecía realmente a dicha casa de estudios, como lo pudieron confirmar las autoridades al verificar la información de cada uno solicitada al Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Se comprobó que ninguna de las referidas personas son trabajadores de esa universidad, lo que evidencia que no contaba con la capacidad técnica y humana para la realización de los trabajos contratados”, indicó la Auditoría.
Como parte de la revisión los auditores pidieron a Sagarpa y a la Universidad la comprobación de los servicios ejecutados. Uno de estos elementos, por ejemplo, debería de haber sido, según el contrato firmado, un Plan de Trabajo de Supervisión por cada componente y/o proyecto estratégico.
Sin embargo lo que se entregó fue un simple cronograma de actividades por el cual Sagarpa pagó más de 4 millones de pesos, lo que desde el punto de vista de la ASF “no justifica” la inversión realizada. Ante esto, la Sagarpa respondió que lo realizado no se limitaba a un cronograma, pero no entregó ninguna evidencia de ello.
Una situación similar es la que se registró en siete convenios que la misma dependencia federal firmó en 2015 con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, que en total representaron 20 millones 643 mil pesos que recibió dicha casa de estudios.
Otra vez se encontró que Sagarpa no solicitó documento o evidencia alguna a la universidad, que permitiera acreditar que contaba con las capacidades necesarias para ejecutar los proyectos de supervisión, elaboración de estudios y manuales que se le adjudicaron directamente.
Cuando los auditores comenzaron a verificar a profundidad los documentos entregados por la Universidad producto de estos convenios, se encontró que todos era parecidos entre sí, lo que no justificaba que se manejaran como convenios distintos y por ende se pagara varias veces por casi lo mismo.
Peor aún. La Sagarpa pagó casi siete millones y medio de pesos por un manual de organización para la Dirección de Recursos Materiales que, de acuerdo con los auditores, era totalmente innecesario debido a que la propia dependencia federal cuenta con un área específica encargada de elaborar los manuales de las unidades administrativas que la integran.
Universidades, denuncias e impunidad
En septiembre pasado Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron el reportaje “La Estafa Maestra”, donde se evidenció el esquema de pagos irregulares entregados por el gobierno federal a distintas universidades. Hasta ese momento, la PGR ya tenía 14 averiguaciones previas, por el caso de los convenios realizados por la Secretaría de Desarrollo Social con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos.
El pasado 7 de diciembre este portal reveló también que la PGR había iniciado otra averiguación previa por un convenio de casi 220 millones de pesos entre Sagarpa y la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este caso no solo el convenio fue irregular sino que se reveló que los proyectos, por los cuales se pagó la referida cantidad, eran en realidad una copia de información publicada en páginas de internet entre ellas Wikipedia, monografías.com y buenastareas.com.
Con la carpeta de investigación que involucra ahora a la una universidad en Durango y otra en Zacatecas, ya suman 16 los casos que la Procuraduría tiene abiertos hasta ahora, sin que a la fecha ninguno de ellos haya llegado por lo menos a una consignación ante un juez. Oficialmente siguen en integración.
Cabe señalar que estas averiguaciones y carpetas de investigación son producto de denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación. En cada caso dicho organismo ha entregado no solo el expediente de auditoría, sino también un dictamen técnico en el que se identifican a los funcionarios que pudieran ser los responsables.
Con información de animalpolitico
