Con base en indicadores como el número de re afiliaciones llevadas a cabo, cantidad de beneficiarios adscritos a unidades médicas de primer nivel de atención acreditadas y digitalización de expedientes, Baja California Sur se ubicó en 2017 como la tercer mejor entidad federativa en la aplicación del Seguro Popular, que garantiza el acceso a un catálogo de 287 servicios de salud a más 251 mil personas.
Así lo dio a conocer la directora del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Ana Luisa Guluarte Castro al indicar que la propia autoridad nacional notificó estos logros del Seguro Popular en el estado, con base en la evaluación anual que hizo sobre la aplicación del programa en todas las entidades federativas.
La funcionaria estatal dijo que entre los indicadores positivos del estado también destaca la depuración del padrón de usuarios que ya cuentan con otros sistemas de seguridad social, la incorporación al programa de beneficiarios de PROSPERA, el establecimiento de módulos de afiliación y orientación en línea, validación ante el Registro Nacional de Población, RENAPO, del CURP presentado por las personas al afiliarse o re afiliarse, así como el registro del Programa Operativo Anual de Gastos de Operación.
La mejora de estos aspectos se refleja en una prestación de servicios con mayor calidad a las familias sudcalifornianas, pero también se traduce en un impacto favorable para la cobertura del programa, ya que con estos resultados positivos la federación deberá incrementar para este 2018 el padrón de beneficiario en el estado, añadió.
El subsidio otorgado por la federación en 2017 permitió dar cobertura a 200 mil personas, mientras que con esta ampliación presupuestal será posible incluir a siete mil beneficiarios más en este año, en un esfuerzo es complementado por la administración estatal para alcanzar un padrón total de 251 mil 346 usuarios del Seguro Popular en la entidad, puntualizó Ana Luisa Guluarte.
Este desempeño fue notificado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con base en una evaluación anual de indicadores; esto permitirá que se asignen mayores recursos al estado.
