Hasta el día de hoy llevamos ya 23 días del periodo llamado ‘intercampañas’ en el proceso electoral mexicano y nos faltan exactamente otros 23 días de ese lapso.
La realidad de este proceso es que ni las precampañas fueron precampañas ni este periodo está siendo un lapso de silencio.
El gran tema que se ha presentado en este tiempo, sin lugar a duda, es lo que se ha denominado como el ‘caso’ Anaya.
La historia de este asunto viene desde hace meses, cuando una serie de reportajes publicados en El Universal reportó presuntas anomalías en negocios inmobiliarios de la familia política de Anaya.
Esto ocurrió antes de convertirse en precandidato único a la candidatura presidencial del Frente PAN-PRD-MC.
El tema escaló nuevamente el pasado 20 de febrero, cuando dos presuntos involucrados en un proceso de lavado de dinero, Daniel Rodríguez y Alberto Galindo, acusaron a Manuel Barreiro e implicaron a Ricardo Anaya en un mecanismo extraño de financiamiento para la adquisición de un terreno en el que luego se instaló una nave industrial.
Ha sido evidente que la PGR ha filtrado información que un juez podría considerar violatoria del debido proceso si es que el tema llegara a tribunales, pues ha generado una percepción de culpabilidad de Anaya.
Pero al mismo tiempo, ha sido también evidente que Anaya o no tiene o no ha querido presentar las evidencias documentales de que las afirmaciones que ha pronunciado en su defensa sean ciertas.
Y en los últimos días ha puesto en operación la estrategia de victimizarse, como alguien que es un perseguido político del gobierno mexicano y ya ha amenazado con encarcelar al propio presidente Peña, si él resultara ganador de la elección y encontrara corrupción en la gestión de esta administración.
En este proceso podemos estar llegando a un punto de no retorno.
Se trata de una línea después de la cual las autoridades tienen que proceder penalmente en contra de Anaya, pues de lo contrario va a ganar la idea de que no hay pruebas y de que se le ha tratado simplemente de desprestigiar.
La experiencia de 2005, cuando el intento del gobierno de Fox de proceder penalmente en contra de López Obrador condujo a que procediera su desafuero, y luego consiguiera un respaldo aún mayor al aparecer como víctima del gobierno, debió haber sido muy bien estudiada por los estrategas del gobierno.
Paradójicamente, si Anaya tiene realmente algún tipo de irregularidad en sus propiedades y en el financiamiento de éstas, podría estarse blindando frente a cualquier intento de responsabilizarlo, pues la denuncia de que se trata de una persecución política podría fortalecerlo en lugar de debilitarlo.
En la segunda parte del periodo ‘intercampañas’, que hoy comienza, podría estarse jugando una virtual ‘primera vuelta’ en este proceso electoral.
El consenso de las encuestas es que el primer lugar en la intención de voto corresponde a López Obrador. Puede diferirse en la distancia que tiene respecto al segundo, pero no en el hecho de que va adelante.
Y los otros dos contendientes respaldados por partidos están ciertos de que no pueden aspirar a ganarle a AMLO si uno no deja atrás al otro.
Pero al mismo tiempo, para AMLO puede ser afortunado que la contienda esté entre los otros dos candidatos, pues él parece marchar viento en popa.
No es difícil que los saldos del ‘caso Anaya’ puedan tener un claro ganador: el candidato de Morena. Ya lo veremos.
